La justicia se plantea anular el ERE de Coca-Cola
La compañía contrató trabajadores mientras tramitaba el expediente, no aclaró sus causas ni tampoco el impacto en las fábricas y ocultó información a los sindicatos
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se plantea anular, al menos en parte, el polémico expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en enero por el grupo distribuidor de Coca-Cola en España, Iberian Partners. Las 1.253 personas afectadas quedaron finalmente en 1.190 y también se cerraron cuatro de sus 11 fábricas (Fuenlabrada, Oviedo, Alicante y Palma de Mallorca).
Frente al optimismo mostrado por el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, quien dijo la semana pasada que lo más probable es que la justicia diga que «todo está correcto», los magistrados que celebraron este martes la vista de los recursos de impugnación contra el ERE_tienen serias dudas al respecto, según señalaron fuentes jurídicas. Hechos como, por ejemplo, haber realizado 210 nuevas contrataciones mientras se tramitaba el expediente, pesan en contra de la compañía.
Eso es lo que denunció la Inspección de Trabajo en abril en un informe donde, además, desvelaba otras irregularidades en que incurrió la empresa. Así, no aclaró las causas productivas y organizativas que alegó para justificar el ERE –dado que no tenía perdidas–, ni tampoco el impacto que tendrían sus medidas en el funcionamiento de cada planta. Esto último resulta clave, en la medida de que podría haber permitido buscar otras alternativas, como eliminar parte de las bajas transfiriendo producción de una a otra.
Los sindicatos, además de esgrimir ese dictamen –que dejó de ser vinculante tras la última reforma laboral–, denunciaron que Iberian Partners –fruto de la fusión de las distintas embotelladoras de Coca-Cola– «no es una empresa laboral unitaria» y, por tanto, carece de legitimación para presentar un ERE. También se quejaron de que la mesa de negociación no se formó bien y de que se les ocultó información.
La empresa, por su parte, volvió a ofrecer este martes a los 235 despedidos en la fábrica de Fuenlabrada (Madrid) ser recolocados en otras plantas, una posibilidad que ya rechazaron por los costes económicos y familiares que les suponía el cambio. Los responsables del grupo distribuidor esgrimen que su objetivo sigue siendo que “no haya un solo despido forzoso” y apuestan, como alternativa, por su plan de movilidad interna al que ya se ha apuntado el 10% de la plantilla.
Expediente por falta muy grave
La Inspección de Trabajo, además, tiene abierto un expediente contra Coca-Cola Iberian Partners por una “infracción muy grave” en materia laboral -además de vulnerar el artículo 28 de la Constitución- al sustituir a los trabajadores en huelga de su planta de Fuenlabrada por empleados de otras fábricas. El grupo, por su parte, aduce que sólo movió productos de una región a otra -en función de la demanda en cada una de ellas y el ‘stock’ disponible- y no personas.
Para los inspectores, sin embargo, bastaría con ello para incurrir en tal infracción. Pues aunque Coca-Cola no hubiera trasladado trabajadores, «sí vació de contenido» la protesta -advierten- y minimizó los resultados al tomar productos de otras plantas para mantener el suministro diario en el área de Madrid, «inoperativa al estar todos sus trabajadores en huelga».
Esto, en la práctica, supuso aprovecharse del trabajo de empleados no afectados por la protesta para hacer que fuera «ineficaz para los fines requeridos por los huelguistas». Es lo que se conoce como «esquirolaje externo», como apuntan la Inspección de Trabajo en su informe sobre los paros, una conducta prohibida de la que existen indicios de que se cometió en este caso.
