Telemadrid sortea el cierre
El Supremo declara improcedente el ERE que causó el despido del 74% de la plantilla
La Comunidad habilitará otros 22 millones para indemnizaciones
Trabajadores de Telemadrid, en el exterior del Tribunal Supremo, se abrazan tras conocer el fallo. / BERNARDO PÉREZ
Telemadrid seguirá emitiendo. El Tribunal Supremo declaró ayer improcedente el expediente de regulación de empleo (ERE) que hace poco más de un año afectó a 861 trabajadores, el 74% de la plantilla. La decisión ratifica la sentencia que el pasado abril dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que declaró “no ajustado a derecho” el recorte de empleo en Radiotelevisión de Madrid. El ente regional tendrá que incrementar la cuantía de las indemnizacionesabonadas hasta ahora. Pocos minutos después de conocer el fallo, Telemadrid anunció que una vez recibida la sentencia procederá “a dar cumplimiento de la misma, optando por indemnizar a las personas afectadas”. Se calcula que tendrá que destinar alrededor de 22 millones de euros a esta partida.
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Para el Gobierno de Ignacio González (PP), el fallo del Supremo ha sido un alivio. La Comunidad de Madrid había amenazado con cerrar Telemadrid si el ERE era declarado nulo y el ente público se veía obligado a readmitir a los despedidos. Y no parecía un aviso en balde. La Comunidad Valenciana llevó a negro Canal 9 a finales de noviembre después de que un ajuste laboral similar al acometido en Telemadrid fuera considerado nulo.
A la espera de conocer los argumentos del Supremo, el TSJM había expuesto ya en su sentencia que “el recurso al despido masivo” no estaba justificado porque la causa no estaba “bien ponderada”. Señalaba, además, que la empresa no había acreditado que la reducción de plantilla propuesta fuera adecuada a la situación del ente público. Uno de los principales argumentos de Telemadrid para justificar el ERE fue que el Gobierno regional le había recortado el presupuesto. Pero los jueces entendieron que no era suficiente acreditar “una reducción en el presupuesto que es insuficiente y congénito a un servicio público”. “Por lo que se ha podido constatar”, subrayaba el TSJM, “una reducción presupuestaria entre un 5% y un 10%, no parece que pueda justificar la idoneidad de la medida extintiva”.
La gestión de Telemadrid comenzó a deteriorarse durante la etapa de gestión de Esperanza Aguirre (2003-2012) y llegó a su punto culminante con el Ejecutivo de González, cuando el ente público entró en quiebra técnica. Acumuló una deuda financiera de 262 millones de euros, los ingresos publicitarios se desplomaron y las entidades financieras le cortaron la línea de crédito.
Ayer, la euforia del Gobierno madrileño — “la sentencia garantiza la viabilidad de RTV-Madrid”, dijo su portavoz, Salvador Victoria— contrastaba con la reacción de los trabajadores afectados. Alrededor de 400 se habían concentrado ante la sede del Supremo después de una marcha de 19 kilómetros desde las instalaciones de Telemadrid, en la Ciudad de la Imagen (en la localidad de Pozuelo de Alarcón) hasta el centro de la capital.
La protesta estuvo organizada por los comités de empresa del ente y las secciones sindicales de UGT, CC OO y CGT. Pasado el mediodía se apostaron en la sede del Tribunal Supremo al grito de “¡Sí se puede!” y “¡Queremos salir en Telemadrid!”. Al escuchar el fallo, todos enmudecieron, algunos sollozaron y otros expresaron su indignación. “¿Dónde está la justicia? ¡Ladrones!”, exclamaron. La portavoz del comité de empresa de Telemadrid, Teresa García, mostró su confianza en que el Gobierno autonómico cambie en 2015 (año de elecciones municipales y autonómicas) y “empiece otra etapa”. De momento, lo único claro es que los 861 despedidos (en enero de 2013, cuando se presentó el ERE, los afectados eran 829 de los 1.161 que integraban la plantilla) percibirán una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades hasta febrero de 2012, y 33 días y 24 mensualidades partir de esa fecha. Atendiendo a la reforma laboral, las indemnizaciones habían sido de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
La declaración de improcedente era el escenario esperado en la Comunidad de Madrid, que ya ha destinado 26 millones al ERE de Telemadrid. Era también la solución deseada por el PP madrileño, que tras un año de protestas podrá dar por zanjado el principal conflicto social que mantiene abierto. De haber sido declarado nulo, la Comunidad cerraría la televisión pública, al no estar dispuesta a readmitir a los despedidos. Un escenario que hubiera dejado a González en una situación tan incómoda como la que ha experimentado el presidente valenciano, Alberto Fabra, tras ordenar el cierre de Canal 9.
Tanto los sindicatos como los partidos de la oposición criticaron la situación a la que ha llegado el ente público. “Queda demostrado que Ignacio González ha utilizado políticamente a Telemadrid”, reprochó Miguel Aguado, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. “La Comunidad ha destrozado con su gestión a la televisión pública madrileña y causado un daño tremendo a más de 800 familias. Es un resultado pésimo, producto de una mala gestión y de intereses ocultos”, expresó Aguado.
“La justicia ha venido a respaldar la propuesta política de saqueo de Ignacio González y del PP utilizando los dineros públicos para dejar a los trabajadores en la calle y seguir manteniendo el Boletín Oficial del PP, que es en lo que han convertido Telemadrid”, añadió Libertad Martínez, diputada regional de Izquierda Unida. “En 2015 recuperaremos Telemadrid con su plantilla”, apostilló.
Roberto Tornamira, secretario general de UGT-Madrid, valoró la decisión del Supremo como una sentencia “que no es justa”. “Lo justo habría sido recuperar a los trabajadores despedidos para levantar Telemadrid. Pensando en lo poco positivo que tiene la sentencia, Telemadrid seguirá abierta con los 300 empleados con los que cuenta actualmente”, dijo. Desde CC OO, Cristina Bermejo consideró que el fallo da la razón a los trabajadores y es un “varapalo” al presidente madrileño. En su opinión, RTVM puede ser viable económicamente “si se gestiona con independencia de los intereses políticos”.
La jibarización de los entes autonómicos
El PP ha llevado a Telemadrid a la quiebra técnica. Durante años, la compañía recurrió al endeudamiento para cuadrar sus ejercicios. Pero la crisis empujó a las entidades financieras a hacer efectivos los vencimientos. A mediados de 2012 la situación alcanzó un nivel crítico. Necesitaba con urgencia 88 millones de euros para financiarse y los bancos españoles y extranjeros le negaron el crédito.
Tras los avisos de la Comunidad, Telemadrid recortó su presupuesto. De 131 millones de euros en 2012 pasó a 84,5 al año siguiente. Necesitaba adelgazar la plantilla. Pasó de tener 1.160 empleados a 300. El proceso de jibarización estaba en marcha.
El ERE ha dejado una televisión pública bajo mínimos, con una programación donde solo se producen los informativos y el resto de la parrilla se sustenta en espacios de ficción (series y películas) comprados a través de la Forta (el organismo que agrupa a las autonómicas) y en la repetición de buena parte de los formatos que hicieron de Telemadrid una cadena innovadora.
Uno de los primeros efectos del ERE ha sido el desplome de la audiencia, aunque en los últimos meses Telemadrid se ha recuperado ligeramente. En 2013 tuvo una cuota de pantalla del 3,8%, muy por debajo de la media de las autonómicas (8,7%). Los entes regionales no solo han perdido seguidores; también han menguado sus ingresos publicitarios. En 2013, la consultora InfoAdex les atribuyó una facturación de 120 millones de euros, un 7% del total de la inversión que se movió en el medio televisivo, que ascendió a 1.700 millones.
Todos los entes se han ajustado el cinturón. Algunos, como el murciano, se mantienen en el aire casi de milagro, sin apenas presupuesto ni plantilla y con una débil programación. Otros, como los de Baleares, Andalucía o Cataluña, han cerrado canales para ahorrar gastos, se han desprendido de derechos de alto coste y han adelgazado la partida de personal.
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