Campaña de la Inspección de Trabajo para destapar este fraude a cargo de la Seguridad Social.
El Gobierno de Mariano Rajoy quiere acabar con el fraude de los despidos e indemnizaciones pactados entre empresas y trabajadores, un dinero que desembolsa la Seguridad Social. De esta forma, el Ejecutivo trata de poner trabas a las empresas que jubilan o prejubilan a los empleados antes de tiempo al tiempo vigilará los despidos de personas mayores de 50 años en las empresas con beneficios o perspectivas de tenerlos, ya que la nueva normativa estipula que las prestaciones corren a cargo de la empresa y no de la Seguridad Social.
La campaña se centra así en actuaciones de seguimiento del fraude en el acceso a la jubilación anticipada y en ella participan la Seguridad Social, la Secretaría de Estado de Empleo y la Subsecretaría del Ministerio. Todo ello para favorecer el trabajo a las personas con más edad y promover el envejecimiento activo.
"El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente de prestaciones" está considerado como falta muy grave, junto con "la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones". La sanción de una falta mínima se estipula entre los 10.001 y 25.000 euros por trabajador, mientras que puede llegar a los 187.515 euros siendo en grado máximo, según informa este martes CincoDías.
Si la infracción se ha cometido con varios trabajadores, la multa asciende en un 20% si solo hay dos infracciones; en el caso de tres, un 30% y hasta un máximo del 50% si hay cinco o más trabajadores. El empresario, según el nuevo Código Penal, establece penas de prisión entre los 6 meses y tres años.
El trabajador también se enfrenta a fuertes sanciones si obtiene ilicítamente prestaciones o ayudas públicas con datos o documentos falsos. Se enfrenta a la retirada de la prestación por desempleo y la obligación de devolver las cuotas percibidas irregularmente. Al igual que el empresario, las penas de prisión pueden llegar a los 3 años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario