El ERE congelado de Coca Cola y la lógica de la rapiña

El ERE congelado de Coca-Cola y la lógica de la rapiña

España
Javier Martínez (19/2/2014)
La proliferación en España, cuan champiñones, de Eres y Ertes en los últimos cinco años me lleva a pensar que estamos asistiendo a un abuso de los mismos.

Al amparo de un marco legal muy poco sensible a la realidad social, económica y personal de uno de los sujetos que intervienen en la vida productiva de las empresas , los trabajadores, que son los ejecutados y perjudicados frente a empresarios ejecutores que actúan muchas veces con una lógica de rapiña “in extremis”.

Algunos Eres, más que dudosos en sus fundamentos, diríamos incluso fraudulentos, reflejan una falta absoluta de calidad empresarial en España pues responden a una psicología propia de trileros, depredadores y en algunos casos hasta de delincuentes.

En la propuesta del ERE de Coca-Cola, paralizada de momento, por la presión popular de boicot al consumo y por la firme y valiente determinación de los trabajadores en huelga desde el día 31 de Enero, encontramos todos los elementos citados anteriormente. Conozcamos algo de los hechos ocurridos.

En el origen, una orden de la multinacional de Atlanta (EEUU), dueña de la marca, a través de su representante Marcos de Quinto, para que se realizara la fusión de las 11 embotelladoras en España.

La finalidad era agilizar la toma de decisiones, evitar “duplicidades”, “ineficiencias”, hacer que la organización española fuera más “fuerte, flexible y capaz de responder a la situación económica” y poder salir a Bolsa.

Esta fusión de embotelladoras y de dos sociedades españolas: COBEGA en Cataluña y CASBEGA en Madrid, dio lugar al nacimiento de “Coca-Cola Iberian Partners”.

La dirección de Iberian Partners está en manos de Sol Daurella, nietísima del fundador de COBEGA, una fortuna catalana que ocupa el lugar número 20 según la lista Forbes, justo detrás de Emilio Botín, con un patrimonio ,según esta publicación, cifrado en 1.600 millones de euros y que controla a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo, Indau SARL.

Dicha señora acapara este trabajo con los de consejera en Acciona, consejera en Banco Sabadell, consejera en Ebro Foods y copresidenta de Cacaolat. Su propuesta inicial, hasta la reacción de trabajadores, consumidores y el toque de atención del representante de la marca estadounidense en España, era plantear un ERE dejando sin trabajo a 750 personas, cerrando 4 plantas de las 11 e imponiendo 500 recolocaciones forzosas.

Para conocer más al personaje, decir que su esposo es Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona, amigo personal de Jordi Pujol, vicepresidente de Banca Rothschild España, presidente de Willis,corredores de seguros, presidente del Grupo CVC, consejero de la Fira de Barcelona y consejero de Catalunya Comunicació.

En cuanto a la otra sociedad, CASBEGA, dueña de la planta de Fuenlabrada, sus accionistas liderados por Victor Urrutia y Jaime Castellanos, celebraron Junta extraordinaria el 22 de diciembre de 2011 y decidieron repartirse las reservas como dividendos extraordinarios y en seis meses retiraron y cobraron casi 400 millones de euros.

En comparación, los ahorros previstos por despedir a 370 trabajadores en esa planta de Fuenlabrada ascenderían a 24 millones de euros con la aplicación del Ere.

El Ere fue diseñado por la consultora de los Montoro , ahora llamada Equipo Económico S.L. y antes Montoro y Asociados, con el asesoramiento legal del despacho laboralista de Sagardoy. La propuesta de “ingenieria financiera” se diseñó sólo para las embotelladoras españolas .

Entre 2010 y 2012 los beneficios de CASBEGA, una de las sociedades españolas, fueron nada menos que de 860,9 millones de euros, cifra inferior a la deseada, debido a la crisis y a la bajada del consumo, pues los españoles somos ahora más pobres y bebemos menos Coca-Cola.

Por su parte, la empresa estadounidense que las factura, Coca-Cola Company (Refrescos Envasados, con sede en Atlanta), según datos del diario ‘El País’, acumula varios expedientes ante Hacienda. En el año 2011 se le abrieron actas por valor de 55 millones de euros por no pagar impuestos entre 1997 y 2000. Asimismo, mantenía bajo inspección las declaraciones de 2005 y 2009, por evasión de capitales, aunque se les ha dado carpetazo.

Sol Daurella

La supuesta evasión de capitales aunque no se realizó por la misma empresa que pretendía ejecutar el ERE, si es parte en el entramado de facturación investigado y “congelado” en la Hacienda de Montoro.

La contrapropuesta de Iberian Partners, frente al Ere inicial de cerrar 4 plantas y 750 despidos, es el de un Plan de bajas incentivadas y voluntarias de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Contempla también prejubilaciones a partir de los 56 años y hasta los 63,con una percepción del 80% del salario neto más una revalorización del 1% anual y con el compromiso de la empresa de hacerse cargo de la Seguridad social hasta los 63 años.

Las recolocaciones forzosas, antes previstas en el Ere de 500 personas, pasan a 354 con una indemnización de 15.000 euros por traslado más una ayuda de 500 euros al mes durante dos años, cursos de formación a cargo de la empresa y un aplazamiento en la realización de los traslados a aquellos trabajadores con hijos estudiantes menores de 18 años hasta que finalice el periodo lectivo.

La presión de los consumidores y de los trabajadores ha logrado, de momento, que la marca estadounidense y sus socios españoles de Iberian Partners “ dulcifiquen” sus propuestas. Los expedientes de Hacienda no sabemos que marcha tomarán.

Veremos como acaba todo, pero una cosa está clara, sin esta repuesta de la ciudadanía y sin esta reacción de los trabajadores, sin este “gamonal coca-colero” todo habría seguido por los mismos derroteros de tantos otros Eres o Ertes que vienen desde hace más de cinco años arrojando a la exclusión del paro a tantos trabajadores. Estas políticas basadas en el austericidio de unos y el enriquecimiento injusto e indebido de otros, sustentan y ahondan las diferencias y las injusticias.

N. de la R.
El autor es Licenciado en derecho, Master en Economía y miembro de ATTAC.