El presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, intentó justificar este martes el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por su embotelladora/distribuidora para 1.250 empleados, el 20% de la plantilla. Pero lo hizo con polémica, al comparar su actuación con medidas similares aprobadas por la banca. «Lo que es válido para el sector financiero debería servir también y ser legítimo para otros», dijo.
Sobre el cierre previsto de cuatro plantas (Fuenlabrada, Oviedo, Alicante y Palma de Mallorca), De Quinto señaló que es una decisión «con sentido empresarial», pues la fusión hace un año de las distintas embotelladoras de Coca-Cola que existían en España provocó un «sobreexceso» de capacidad laboral. Sin embargo, nadie de la empresa de bebidas ni de la nueva sociedad, Iberian Partners, así lo advirtió entonces.
Sin querer entrar en el expediente fiscal abierto a la embotelladora única por posibles irregularidades, De Quinto tampoco contestó a las declaraciones del titular de Economía, Luis de Guindos, quien también este martes pidió a la compañía que busque alternativas a los 750 despidos previstos -los otros 500 afectados por el ERE serían recolocados internamente-. «Se puede evitar», dijo el ministro, «porque siempre existen alternativas», por ejemplo, a través de la reducción de los gastos laborales unitarios -fundamentalmente, salarios-.
Y es que parece acrecentarse la presión política sobre Coca-Cola, pues toda la oposición parlamentaria -a instancias de CC_OO y UGT- va a promover una acción conjunta para «alcanzar una solución negociada» que evite los despidos. A su vez, los grupos políticos del parlamento regional madrileño instaron este martes a la Comunidad que, en caso de confirmarse el cierre de Fuenlabrada, exijan a la empresa la devolución de las ayudas públicas que hubiera podido percibir. Los sindicatos quieren que el resto de autonomías afectadas sigan el mismo camino.
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