El fabricante acusa a Iberian Partners de dañar a lay ésta, a su vez, de no implicarse en la defensa del ERE.
"Mi empresa no ha hecho ningún ERE, lo ha hecho un embotellador independiente". Este mensaje en Twitter de Marcos de Quinto, el presidente de Coca-Cola España, acabó el pasado 26 de enero por encender los ánimos de la cúpula directiva de Coca-Cola Iberian Patners, la sociedad resultante de la fusión de sus siete embotelladoras en España.
Tanto Marcos de Quinto como la empresaria catalana Sol Daurella, la presidenta del embotellador, coinciden en que una vez constituida la nueva compañía, la única salida posible era llevar a cabo una reorganización que, en mayor o menor medida, tenía que implicar reducir plantilla ,ya que se generaban múltiples duplicidades. El problema de fondo no es por lo tanto el ERE en sí, sino la forma en la que se éste se está gestionando.
En Coca-Cola están convencidos de que la dirección de Iberian Partners debería haber actuado de otra manera para evitar el impacto mediático que la reestructuración está teniendo, con el consecuente daño a la imagen de la marca. Y en el embotellador piensan, en cambio, que el fabricante debería haberse implicado mucho más y defender el proyecto, en lugar, según dicen, de echar balones fuera.
Y en medio de todo el proceso, en el gigante de los refrescos hay quien empieza ya a lamentar que se otorgara a la embotelladora la autorización para incorporar el nombre de Coca-Cola. Un nombre que, en cualquier caso, ha desaparecido en alguno de los últimos comunicados hechos públicos.
Un error de comunicación
Aunque no hay ningún pronunciamiento público, distintas fuentes de uno y otro lado confirman que hay malestar creciente. En el entorno de la marca aseguran que "hemos trabajado durante muchos años por asociar a Coca-Cola con conceptos como la felicidad o la chispa de la vida y ahora, todo eso se está viniendo abajo. El problema no es que se esté destrozando nuestra imagen,el problema es que ahora será muy complicado volver a construir lo perdido sobre esos mismos valores".
En Coca-Cola España están convencidos de que, para empezar, la dirección del embotellador debería haber dado la cara desde el primer minuto, reuniéndose con todos los agentes sociales, pero de forma muy especial con los partidos políticos, las administraciones autonómicas y el Gobierno central.
En su opinión, "los despidos nos duelen a todos, pero tienen su lógica empresarial; lo que había que haber hecho por lo tanto es explicarlo. Ellos pensaron que como mucho saldría alguna noticia en la prensa económica, y lo cierto es que no ha sido así. El ERE ha tenido una repercusión altísima en todos los medios: la prensa, la radio e incluso la televisión".
Y es que, además de ocupar espacios de máxima audiencia en los telediarios, la empresa ha visto cómo los actores se solidarizaban con la plantilla en la gala de los Goya, el PSOE e IU solicitaban al Gobierno la retirada del ERE -los socialistas registrando incluso ayer en el Congreso una proposición no de ley- y tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la titular de Empleo, Fátima Báñez, se posicionaban en contra del plan de reestructuración, que afectará a un total de 1.250 trabajadores en todo el país. Eso, al margen de que los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, vayan a encabezar hoy la manifestación convocada en Madrid contra el expediente de regulación de empleo (ERE) en la compañía bajo el lema Coca-Cola, ni cierres ni despidos.
Explicaciones
Quizás, todo eso es lo que haya provocado que, ante la pasividad del embotellador, Marcos de Quinto haya decidido coger el toro por los cuernos. El miércoles dio una conferencia en Sevilla invitado por la APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, donde atendió a los medios, y el jueves dio su primera entrevista, en elEconomista, para explicar el plan y la hoja de ruta que se seguiría a partir de ahora, con salida bolsa incluida para financiar la expansión en los mercados internacionales. Un portavoz oficial de la marca insistió ayer por ello que "es evidente que está habiendo una mayor implicación por nuestra parte".
En la embotelladora aprecian estos gestos -"la marca es la que tiene que llevar la política de comunicación y la que debe pronunciarse", aseguran-, pero critican también algunos de los mensajes que están saliendo desde Coca-Cola España. "Sabemos que se han reunido con miembros del Gobierno para, al margen de explicar el proyecto, trasladar un mensaje que, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido, intentando desvincular a la embotelladora de la marca, cuando de lo que se trata es de que rememos todos juntos en este momento", aseguran.
Algunas fuentes insisten en que podría haber también de fondo una lucha de poder personal entre Marcos de Quinto y Sol Daurella, aunque eso es algo que tendría poco sentido porque sus funciones están ya perfectamente delimitadas.
De hecho, fue el propio De Quinto el que convenció al presidente mundial de Coca-Cola, Muhtar Kent, de que la compañía no exigiera tener el 20 por ciento del capital del embotellador, tal y como éste había pensado en un primer momento, lo que hubiera diluido sustancialmente a las familias Daurella y los Urrutia, los dueños de la catalana Cobega y de la madrileña Casbega y accionistas ahora de referencia del nuevo grupo.
Además, el gigante mundial de los refrescos ha cedido a su embotelladora la filial Coca-Cola Gestión, que gestionaba las relaciones comerciales con los grandes clientes, el equivalente al 60 por ciento del negocio, con una plantilla de 50 personas que se han integrado en Iberian Partners. "Era algo que tenía todo el sentido del mundo. Son ellos los que llevan la gestión comercial", aseguran en la empresa.
Cúpula directiva
Las distintas embotelladoras que integran Coca-Cola Iberian Partners han pactado, por otro lado, un reparto equitativo del organigrama de la compañía, que ya está más o menos completado. De acuerdo con los nombramientos llevados a cabo, Cobega ocupa la presidencia -Sol Daurella-; una de las dos vicepresidencias -Mario Rotllant Sola- y el puesto de consejero delegado (Victor Rufart), además de 13 de los 31 miembros que integran la segunda línea directiva. Así, por ejemplo, Laia Soler será la directora de Organización laboral; Anna María Espina, la directora jurídica de negocio; Marc Ricou, el director de compras; Gemma Molí, la directora de control y gestión; Juan Manuel Aguilera, director de Tecnología y Desarrollo Industrial, o Gonzalo Madurga, director de la cadena de suministro.
Otra de las vicepresidencias recae en Juan Luis Gómez Trenor, representante de la antigua embotelladora valenciana Colebega, que tiene asimismo un puesto en el segundo nivel, el de la dirección de Administración y Finanzas, que ocupará José Luis Blanquer. La madrileña Casbega, la segunda mayor embotelladora de la empresa, acapara, de momento, la dirección jurídica corporativa, un puesto que ocupará Patricia Carretero; la dirección de Comunicación en España, que recae en Ángel Luis López de Ocáriz y la dirección del Área Centro, de la que se ocupará Eduardo Pérez de Ayala.
Con el organigrama ya definido, la empresa encara ahora la última semana para llegar a un acuerdo con los sindicatos que permita pactar el plan de reestructuración y evitar así la presentación de un ERE unilateral que podría acabar siendo rechazado por los tribunales. El plazo límite vence el próximo día 21 de febrero, aunque la embotelladora confía en que, tras la manifestación de hoy, los sindicatos acepten por fin sentarse a negociar. La compañía no está dispuesta a ceder en el número de afectados, que será de 1.250 personas, pero si que ofrecerá rebajar la cifra de despidos -de los 350 actuales a unos 250 o incluso menos- y aumentar las indemnizaciones, que se sitúan actualmente en 30 días por año, con un máximo de 18 mensualidades.
La empresa recalcó ayer en un comunicado que no abordar este proceso reorganizativo "supondría poner en riesgo la viabilidad de la compañía a corto plazo" y recordó que la "necesidad de racionalizar la producción" de las once plazas existentes en la actualidad implica el cierre de cuatro plantas (Fuenlabrada, Asturias, Palma de Mallorca y Alicante), pero "implica también a potenciación", tanto en producción como en plantilla, de las siete que permanecen. La próxima semana será así decisiva para saber si hay o no pacto.
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